Los casos de violencia contra las mujeres subieron de manera alarmante durante la cuarentena en la Ciudad. El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48 % más en relación al mismo período del año pasado.

Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36 % (1.551); en abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3 % (4.065); en mayo fueron 5.668, un 42,5 % más que en 2019 (3.976); y en junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54 %.
El objetivo de la línea es el asesoramiento, acompañamiento y contención de cualquier mujer en situación de violencia por motivos de género que desee pedir ayuda.

La pandemia profundiza las desigualdades, comportamientos y práctica naturalizadas en los hogares. Un informe de Oxfam calculó que mujeres y niñas en todo el mundo destinan 12.500 millones de horas diarias a las tareas del hogar y el cuidado, que equivaldría a 10,8 billones de dólares anuales si fuera remunerado.
Las mujeres trabajadoras son las que tienen los trabajos más precarizados como call center, delivery, fast food, salud, limpieza, muchas están en primera línea frente al combate al covid o tienen que hacer malabares con el teletrabajo que las patronales aprovechan para aumentar los ritmos laborales, y ahora se suman las tareas de la escuela de los chicos.
Como las mismas trabajadoras de la linea 144 que, mientras crecen las llamadas y denuncias a la línea, a finales del mes de mayo tuvieron que reclamar que aún no cobraron ese mes, que tienen la forma de contrato laboral más precaria de la Dirección General de la Mujer y que los salarios son de tan sólo $25.100, mientras su tarea es considerada esencial. Exigen el pago de sus sueldos y contrataciones dignas. Ellas están en primera línea enfrentando “la otra pandemia”: la violencia de género, mientras el Gobierno porteño no reconoce sus derechos como trabajadoras.

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